Vivimos en la era del “Subvencionismo Ilustrado”. Asociaciones juveniles, colectivos culturales, medios de comunicación, sindicatos y todo tipo de agrupaciones se han instalado al calor del dinero público, exprimiendo al máximo las ayudas institucionales para llevar a cabo sus objetivos, más o menos loables.
Y no digo yo que no haya colectivos que, por su trabajo y seriedad, merezcan el cheque anual firmado por el tesorero de su Ayuntamiento, Diputación o Comunidad Autónoma, pero nadie me negará que hay otro tipo de asociaciones claramente prescindibles, cuya única razón de ser es, precisamente, la recepción de la subvención pública.
Tampoco estoy diciendo que me cargaría de un plumazo todo este tipo de ayudas, aunque así escrito y releído suene bastante bonito (con la excepción -claro está- de aquellas que realizan una labor social o de cooperación al desarrollo), pero desde luego sí cabe esperar una regulación urgente del libre reparto de fondos públicos, no puede ser que se valore de la misma manera a quienes construyen colegios en Uganda y a quienes se juntan de botellón en su sede una o dos veces por semana.
Frente a lo fácil, por tanto, que sería la supresión del subvencionismo exacerbado, propongo la racionalización de esas ayudas en base a criterios objetivos que eviten, entre otras cuantas perversiones del sistema, el establecimiento de relaciones de clientelismo de las asociaciones respecto a los poderes políticos o económicos que las mantienen, y el despilfarro innecesario del dinero de todos.
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